Distintas formas de medir la pobreza energética —económica y autoinformada— se asocian con la salud mental en adultos australianos. Los investigadores concluyeron que el tipo de medición, no solo modifica la magnitud del efecto observado, sino también los grupos poblacionales identificados como vulnerables. El estudio fue publicado en Energy Research & Social Science.
Introducción
La pobreza energética —entendida como la dificultad para acceder a servicios energéticos adecuados para mantener condiciones de confort térmico— representa un factor emergente de riesgo para la salud mental, especialmente en contextos de crisis energética y vulnerabilidad habitacional. No obstante, los efectos observados pueden variar según el enfoque metodológico utilizado para definir esta condición. Este estudio, basado en datos del panel nacional HILDA en Australia, comparó el impacto sobre la salud mental de distintos tipos de medición de pobreza energética: monetaria, autoinformada y combinada.
Enfoque y Resultados
Se analizaron 187.374 observaciones correspondientes a 25.486 adultos australianos entre 2011 y 2022. La salud mental se evaluó mediante el índice validado MHI-5 (Mental Health Inventory), parte del cuestionario SF-36. La pobreza energética se clasificó en cuatro categorías: ninguna, monetaria, autoinformada y ambas.
Los modelos de regresión con efectos fijos revelaron diferencias sustanciales:
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La pobreza energética monetaria (gasto relativo al ingreso) no mostró asociación significativa con deterioro de la salud mental cuando se analizó de forma aislada.
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La pobreza energética autoinformada (basada en experiencias subjetivas como pasar frío o no poder pagar facturas) se asoció con una disminución significativa y persistente del puntaje MHI-5.
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La condición de estar expuesto a ambas formas simultáneamente presentó el impacto más marcado sobre la salud mental.
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La exposición prolongada, especialmente a pobreza energética autoinformada, acentuó los efectos negativos, incluso una vez superada la situación.
Estos hallazgos se mantuvieron tras ajustar por variables sociodemográficas, tipo de vivienda, satisfacción habitacional y región.
Discusión y Conclusión
El estudio demuestra que la forma de definir y medir la pobreza energética modifica tanto la magnitud del efecto sobre la salud mental como los grupos sociales que resultan visibilizados. Las métricas monetarias identifican principalmente a varones mayores con ingresos bajos, mientras que las medidas autoinformadas captan con mayor precisión a mujeres, inquilinos, hogares monoparentales y personas insatisfechas con su entorno habitacional.
Desde una perspectiva de política pública, estos resultados refuerzan la necesidad de incorporar enfoques multidimensionales que contemplen no solo el aspecto económico, sino también la experiencia vivida de privación energética. Las intervenciones basadas exclusivamente en criterios de gasto o ingreso podrían subestimar la carga real del problema. Mejorar la eficiencia térmica de las viviendas, garantizar estándares mínimos de habitabilidad y adaptar las ayudas energéticas a la experiencia reportada por los hogares permitiría focalizar los recursos de forma más eficaz y proteger la salud mental de las poblaciones vulnerables.